Presentó recurso ante el Tribunal Constitucional

El gobierno Central, contrario a la ley andaluza que exime de colegiarse 

Afecta a los enfermeros y otros profesionales sanitarios del sector público andaluz 

Manuel Ángel Calvo. Sevilla

El pasado 22 de marzo, tras agotar el plazo legal y previo asesoramiento por los servicios jurídicos del Estado, el Consejo de Ministros decidió interponer recurso de constitucionalidad contra los apartados de la Ley andaluza que exime de la colegiación obligatoria a los profesionales sanitarios que trabajan para la sanidad pública andaluza.

Como informábamos en el número 0 de "Salud y Cuidados", el Parlamento de Andalucía, aprobó en diciembre de 2001, la Ley 15/2001, de 26 de diciembre (BOJA nº 150, 31 diciembre), conocida como Ley de acompañamiento a los presupuestos de la Comunidad andaluza para el 2002. Ésta, en su artículo 30 recoge que "el requisito de la colegiación no será exigible al personal funcionario, estatutario o laboral de las Administraciones Públicas de Andalucía para el ejercicio de sus funciones o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas". Y añade que "en todo caso, precisarán de la colegiación, si así fuese exigido, para el ejercicio privado de su profesión". Por tanto esta Ley, exime de la colegiación obligatoria a los profesionales de la salud andaluces que trabajen en el sector público. Dicha enmienda afecta por tanto,  fundamentalmente a médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, y fisioterapeutas.

Desde el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE) sostienen que el "miedo a la independencia de los colegios profesionales, ataque a los colegios y a la profesión, debilitar, desunir y acallar las justas reivindicaciones de la enfermería" han sido algunos de los motivos que han llevado a la Junta de Andalucía para aprobar la Ley 15/2001, por lo que no ha dudado en pedir la dimisión del consejero andaluz de Salud, Francisco Vallejo. Prestigiosos enfermeros conciben como nefastas para la enfermería las consecuencias de la postura de la Administración andaluza: que el empleador, o sea, la Administración, pretenda velar "objetivamente" por la praxis y la deontología de sus empleados; que la propia patronal pretenda "mediar imparcialmente" en los conflictos entre empresa y empleados o de empleados entre sí, o que ampare nuestra responsabilidad civil con una póliza donde las primeras 500.000 pesetas de una indemnización las debe pagar el enfermero condenado por mala praxis.  

La Organización Médica Colegial de Andalucía y el Consejo Andaluz de Enfermería, con su presidente Florentino Pérez Raya al frente,  se opusieron

Igualmente, a pesar de que el PP andaluz se abstuvo en la votación de la enmienda que eximía de la colegiación obligatoria, su presidenta, Teófila Martínez, con iguales argumentos que Pérez Raya, se dirigió a los servicios jurídicos de su partido para que estudiasen la constitucionalidad de la libre colegiación. También, Máximo González Jurado, presidente de la Organización Colegial de Enfermería, se ha dirigido públicamente en varias ocasiones a la ministra Celia Villalobos, para que el gobierno Central recurriese la colegiación voluntaria ante el Tribunal Constitucional. 

En este mismo sentido, la Unión Profesional, que agrupa a 36 consejos generales, de diversos colegios profesionales y de todos los sectores, ha advertido que "eliminar la colegiación es ilegal". Por ello, se ha dirigido por carta al presidente andaluz, Manuel Chaves, razonándole las causas por las que vulnera la Constitución española.

Como consecuencia de todo lo anterior, el pasado 22 de marzo, previo asesoramiento por los servicios jurídicos del Estado, el Consejo de Ministros decidió interponer recurso de constitucionalidad contra los apartados de la Ley andaluza que exime de la colegiación obligatoria.

A este respecto, el consejero andaluz de Salud, Francisco Vallejo, declaró recientemente que "es absurdo mantener la colegiación obligatoria, porque no aporta nada", mostrándose convencido de que los recursos que puedan presentarse no prosperarán. También se preguntó "qué hacen los colegios que no lo haga la sanidad pública", por lo que no cree necesaria la obligación de adscribirse a a unos colegios profesionales "que no hacen nada distinto a la Administración sanitaria". Vallejo defendió la postura de su departamento, señalando que la Administración sanitaria ya asume la ética profesional porque es la encargada de sancionar y pagar las indemnizaciones por errores médicos. Esta postura de la Administración andaluza ha sido apoyada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública.